Por: Priscilla Lugo y Kristin Etter 

El 6 de junio de 2024, el Quinto Circuito escuchó los argumentos relativos al caso del alambre de púas que se originó cuando el estado de Texas demandó al gobierno federal para impedir que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pudiera cortar el alambre de púas que Texas instaló a lo largo de la frontera en Shelby Park, en Eagle Pass, Texas. El caso es State of Texas v. DHS, 5th Cir., No. 23-50869, Oral argument 6/6/24, and the oral argument can be listened to aquí.   

Compartimos un resumen de los argumentos presentados por el Estado de Texas y el Departamento de Seguridad Nacional. 

Representando al Estado de Texas está Aaron Nielson, Procurador General

El Sr. Nielson argumenta que la medida cautelar que se concedió al estado hace 6 meses era correcta, y que el juez Moses consideró que hubo una "conducta culpable y dolosa al destruir ilegalmente la propiedad de Texas". Menciona específicamente que, incluso cuando no había ninguna emergencia, las fuerzas de seguridad federales cortaron la valla para permitir el cruce ilegal de la frontera en lugar de disuadirlo. Por ello, el juez presidente consideró que la destrucción de la propiedad es injusta y permite el contrabando de drogas, armas y personas.  

El Estado de Texas también alega que la valla impide los cruces en zonas peligrosas y la posición de la defensa (DHS), pone en peligro la vida de las personas. El Sr. Nielson afirma que los hechos ocurridos en enero -a saber, el ahogamiento de 2 niños y su madre en el Río Grande- no son relevantes para la apelación porque en enero el Tribunal Supremo no sabía si 1) la CBP todavía tenía acceso a la frontera y 2) si Texas estaba cumpliendo la orden judicial para permitir la ayuda médica de emergencia.  

En ese momento, comenzaron las preguntas. Se le pregunto al Sr. Nielson si CBP tiene acceso al camino del rio dentro de Shelby Park y las areas del campo de golf. El Sr. Nielson respondió que Texas no está cuestionando si CBP puede tener acceso a "su parque", sino más bien si tienen la autoridad para cortar su cerca. Aclaró que si CBP quiere acceso al parque, pueden demandar para obtener acceso, o tendrían que llamar y notificar al escritorio de batalla para obtener aprobación en caso de emergencias. 

En cuanto a la inmunidad intergubernamental, el Sr. Nielson afirma que la forma en que los EE.UU. han litigado el caso no es como un caso de preemption, lo que importa porque en EE.UU. contra Washington el tribunal estableció una prueba en dos partes para la inmunidad intergubernamental 1) ¿están discriminando a Estados Unidos? Y 2) ¿están intentando regular a Estados Unidos? Afirma que si se remontan a los derechos conmemorativos, los derechos de propiedad no son reguladores: si no, cada ranchero que solicita que no se corte su valla estaría regulando a Estados Unidos.  

El juez preguntó cuál es el mejor caso o autoridad estatutaria que CBP tiene discreción para rechazar a los que entran ilegalmente. El Sr. Nielson responde que la Orden Ejecutiva del Presidente Biden contradice la posición dada al Quinto Circuito porque en este caso, están argumentando que poner un pie en tierra estadounidense les da derecho al proceso de asilo y eso es inconsistente con la Orden Ejecutiva.  

En representación del Departamento de Seguridad Nacional, Melisa Patterson, Asistente del Fiscal General

La Sra. Patterson argumentó que Texas está buscando una medida cautelar para obligar al gobierno federal a confirmar a la ley de responsabilidad civil del estado y que hay múltiples barreras legales independientes como 1) la inmunidad soberana, 2) Texas es incapaz de satisfacer la investigación separada que pasa la inmunidad soberana si quieren mantener el gobierno federal a las leyes subyacentes y 3) 8 UC 12 F1 que prohíbe el tipo de restricción de la operación que en la opinión federal son necesarios para llevar a cabo su autoridad estatutaria en 1225 y 1226.  

En ese momento, comienzan las preguntas, y se le pregunta a la Sra. Patterson si el panel de mociones y el panel del Quinto Circuito no pueden basarse en ningún hecho que haya ocurrido después de la decisión original del Juez de Distrito denegando la medida cautelar. Ella está de acuerdo en que los tribunales estaban considerando la autoridad 1651 y las medidas cautelares. Afirma que, de acuerdo con la jurisdicción en 28 USC 1292 y la apelación entrelazada, la regla habitual es que el expediente está cerrado.  

Esta línea de preguntas y aclaraciones sobre lo que se debe considerar continúa y se le pregunta a la Sra. Patterson si el Tribunal Supremo anuló el alivio temporal, presumiblemente con respecto a los ahogamientos de enero, pero ¿el Quinto Circuito no puede considerarlos ahora? Ella responde que este es el resultado natural cuando hay diferentes jurisdicciones del tribunal al revisar apelaciones entrelazadas. Si Texas hubiera vuelto al Quinto Circuito y hubiera pedido que se dictara una medida cautelar, entonces podrían examinar todos los hechos, pero Texas no ha sugerido que el Quinto Circuito no deba examinar la medida cautelar mientras el tribunal examina o sigue examinando la petición de una nueva medida cautelar.  

La siguiente pregunta es si el gobierno federal tiene bloqueada la rampa para botes en Shelby Park. La Sra. Patterson responde que la rampa para botes no está bloqueada actualmente porque Texas ha restaurado el acceso, pero el gobierno federal está bloqueado para patrullar el terreno, y que la Corte de Distrito incluso encontró que el gobierno federal permanece parcialmente ciego debido a que Texas forzó a CBP a salir del área. La Sra. Patterson proporciona el ejemplo de que CBP ya no tiene camiones de alcance en la zona y por lo tanto no tiene ojos en ese tramo de tierra. El Tribunal de Distrito también encontró que debido a la falta de advertencia, el DHS estaba cegado. Aunque la CBP ha podido recuperar parte de la visión de las cámaras, siguen parcialmente cegados, y el Tribunal de Distrito no pudo concluir el grado de ceguera del gobierno federal.  

En cuanto al fondo, la Sra. Patterson argumenta que con la inmunidad soberana, todos los casos que el panel de mociones citó fueron todos renuncias a la inmunidad soberana en 702 y se extendieron a las causas federales de acción. Argumenta que es una cuestión distinta si el 702 tenía la intención de renunciar a la inmunidad soberana de las reclamaciones de derecho estatal y que ningún tribunal ha emitido una orden judicial basada en esa lectura. Ella continúa que la frase final en 702 es "cuando el estatuto que renuncia a demandar pero impide el alivio de la demanda que 702 general no se aplica". 

Argumenta que el Tribunal Supremo consideró que el uso de la renuncia general a la inmunidad soberana del 702 y eludir las opciones del Congreso en el tipo de agravio porque el Congreso ya ha decidido la cuestión sobre cuándo los estados pueden ser demandados en virtud de la ley de responsabilidad civil estatal. En la teoría de Texas no se puede aplicar ninguna limitación porque los límites sobre daños monetarios no se aplican, ni se aplica a la función discrecional; y si Texas gana sería destructivo para la elección del Congreso con respecto a la ley de agravio estatal.  

En cuanto a la autoridad de regreso que el Procurador General de Texas argumenta que estaba en conflicto con la posición del DHS debido a la nueva Orden Ejecutiva, la Sra. Patterson dice que no hay autoridad de regreso y aclara que una vez que alguien entra en los EE.UU. y está presente, independientemente de la entrada ilegal, bajo 8 USC 1158 el individuo tiene derecho a solicitar asilo. La Sra. Patterson aclara que la Orden Ejecutiva no cambia el derecho de una persona a solicitar asilo. La Orden Ejecutiva sólo cambia la elegibilidad. por lo que es más difícil para un individuo para calificar para el asilo.  

El juez pregunta si hay límites categóricos para el asilo, a lo que la Sra. Patterson responde que los solicitantes de asilo todavía pueden argumentar su elegibilidad para el asilo y que los agentes de la CBP no pueden "obligar a regresar" a las personas que han entrado porque no existe ninguna "autoridad de devolución". La Sra. Patterson explica que las conclusiones del tribunal de distrito de que la CBP no estaba actuando de conformidad con la ley federal porque estaban permitiendo la entrada de migrantes se basaba en una "comprensión fundamental" de la ley actual que no permite a los agentes federales "devolver" arbitrariamente a los migrantes a México una vez que están en suelo estadounidense. También argumenta que hay un error legal que implica que la CBP estaba permitiendo la entrada de migrantes más adentro y no los estaba procesando. Debido a los tiempos de procesamiento, a menudo para los registros del mismo día las aprehensiones y los números de procesamiento pueden no coincidir, pero no es porque no se estén procesando en el país, sino que se terminarán de procesar en un día diferente.  

La Sra. Patterson también aclaró que en términos de acceso al parque, el Tribunal de Distrito llegó a la conclusión de que los agentes de la CBP no están autorizados por los funcionarios de Texas el acceso a la tierra a excepción de la rampa para botes en Shelby Park. Por lo tanto, el CBP no está autorizado a entrar en el terreno para determinar si alguien necesita ser detenido o para ayudar si alguien se enfrenta a una emergencia médica. Como resultado, el Estado impide que el CBP patrulle la frontera en el parque y sólo puede acceder a la rampa para botes. 

Réplica del Fiscal General Aaron Nielson

En refutación, el Sr. Nielson argumentó que la idea de que el Tribunal Supremo puede considerar nuevos hechos, pero el Quinto Circuito debe decidir basándose sólo en los hechos originales, mientras que utiliza el Tribunal Supremo para guiar la decisión no es correcta. Afirma que el Juez Presidente consideró que el gobierno federal es negligente en sus deberes, y que no han argumentado en contra de ese análisis en la decisión del panel de moción.  

En cuanto a la "ceguera", cita que hay dos puertos de entrada a la vista del parque y que los agentes pueden simplemente "mirar hacia abajo y ver desde el puerto de entrada". Por último, en cuanto a la política de devolución, cita una carta de 20 de septiembreth incidente en el que hay migrantes en el río, todavía en el lado mexicano y hay un barco de agentes federales vigilando y sin ordenarles que den la vuelta.  

En última instancia, aunque este litigio se centra en la cuestión precisa de si la patrulla fronteriza puede cortar la concertina, la implicación de este caso es sobre la lucha legal más amplia de hasta dónde puede llegar un estado para crear y hacer cumplir su propio sistema de inmigración independiente para suplantar el sistema federal de inmigración por completo. En consecuencia, si se permite a Texas patrullar unilateralmente la frontera y suplantar el sistema federal de inmigración con el suyo propio, ello supone un riesgo mucho mayor para los principios fundacionales del federalismo de nuestra nación, más allá de la política de inmigración.