Hoy presentamos un escrito de amicus curiae junto con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas en nombre de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), la Coalición Estadounidense para la Inmigración Empresarial (ABIC) y la Alianza de la Comunidad Automotriz Unida de Texas (TUACA) en Sosnava-Rodríguez contra Ortega (Sosnava). Nuestros clientes le piden al Tribunal que sopese los intereses del gobierno en materia de detención obligatoria frente a los costos humanos y económicos muy reales que implica sacar a las personas de sus hogares, sus trabajos y sus comunidades en el marco de una política de detención obligatoria. Lo que desde lejos puede parecer una decisión individual de aplicación de las leyes de inmigración puede tener consecuencias que se extienden a las familias, los empleadores, los compañeros de trabajo, las empresas, los consumidores y las comunidades e industrias que dependen de ellos.  

Sosnava Actualmente hay una demanda ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sobre si los no ciudadanos residentes de larga data pueden ser sometidos a detención migratoria obligatoria e indefinida sin una audiencia de fianza. El caso consolidado involucra a tres padres de Texas con hijos ciudadanos estadounidenses que ingresaron al país sin ser inspeccionados hace más de una década y que no tienen antecedentes penales. Lo que está en juego es si ciertos no ciudadanos pueden ser detenidos durante meses y años sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga o del peligro para la comunidad.  

Nuestros clientes decidieron presentar un escrito de amicus curiae porque reconocen que la aplicación de las leyes de inmigración y la detención obligatoria están perjudicando la economía y el bienestar general de Texas.  

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) señala que la actual escasez de trabajadores de la construcción, junto con las medidas de control migratorio y la detención obligatoria, están reduciendo aún más la oferta de trabajadores calificados, lo que hace que la vivienda sea más escasa y más cara. Las prácticas de control migratorio han elevado los costos y han provocado un aumento en los precios de las viviendas. Retirar a los trabajadores y someterlos a detención obligatoria socava directamente la producción de viviendas y eleva los costos tanto para los constructores como para los consumidores.  

La Coalición Estadounidense para la Inmigración Empresarial (ABIC) señala que estas prácticas de aplicación de la ley están afectando negativamente, en la actualidad, a los sectores de infraestructura y construcción en Texas. En julio de 2026, La ABIC y la Asociación de Constructores del Sur de Texas informaron que que la actividad de ICE ha reducido el número de equipos de construcción, ha retrasado proyectos y ha elevado los costos, ya que los trabajadores, por temor a las medidas de control, se quedan en casa y otros son retirados de las obras cuando se les aplica la detención obligatoria. La detención obligatoria agrava estas interrupciones al mantener a los trabajadores alejados de sus trabajos y comunidades. 

Los miembros de la Alianza de la Comunidad Automotriz Unida de Texas (TUACA) trabajan directamente con las familias de Texas en temas relacionados con el título de propiedad de los vehículos, el registro y otros servicios conexos, y el sector automotriz depende de una fuerza laboral estable y de una base de consumidores sólida. Muchas de las familias y los trabajadores a quienes atienden son inmigrantes que trabajan, mantienen a sus familias, compran bienes y servicios, y contribuyen a la economía local. Cuando los trabajadores son sujetos a detención obligatoria, son separados de sus empleos y comunidades, lo que afecta las finanzas familiares, reduce la actividad de consumo y priva a las empresas de trabajadores y clientes. Estas perturbaciones tienen un efecto dominó en la economía automotriz y en las comunidades de Texas que dependen de ella. 

Los tres amici solicitan al tribunal que considere los costos humanos y económicos actuales de la detención sin revisión individualizada, incluidas las consecuencias para los empleadores y los consumidores de Texas. La aplicación de las leyes de inmigración y la detención obligatoria están perturbando la infraestructura esencial y cotidiana que permite a las personas participar en nuestra economía.  

Las detenciones individuales están afectando las obras de construcción, lo que contribuye aún más a la escasez de viviendas y al aumento de los costos para los consumidores. Las consecuencias no terminan ahí. El aumento generalizado de los costos para los consumidores, tanto en vivienda como en productos, está ejerciendo una presión aún mayor sobre la movilidad económica y las pequeñas empresas. Todo ello cuenta con el apoyo directo de la tercer factor de Mathews, que exige tener en cuenta “el interés del Gobierno, incluyendo la función en cuestión y las cargas fiscales y administrativas que implicarían los requisitos procesales adicionales o sustitutivos”. La Constitución exige evaluar el costo que la detención obligatoria representa para la economía, y cualquiera de nuestros clientes puede dar fe de sus consecuencias directas.  

Las consecuencias negativas de la detención obligatoria de los trabajadores se extienden a los empleadores, a los mercados inmobiliarios y al bienestar económico cotidiano de una comunidad. Nuestros clientes no le piden a la Corte que cambie la política migratoria. Le piden a la Corte que respete el proceso constitucional que brinda la estabilidad y la previsibilidad de las que depende nuestra economía. Cuando se menoscaba el debido proceso, también se ve afectada la estabilidad de los mercados, las empresas y las comunidades que hacen que nuestra economía funcione.