El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos retiró una orden judicial a nivel nacional que bloqueaba la Orden Ejecutiva del presidente Trump que negaba la ciudadanía por derecho de nacimiento a los niños nacidos de inmigrantes que carecen de estatus permanente, incluidas las personas con visados temporales (como estudiantes, trabajadores y turistas), los titulares de DACA, los titulares de TPS, los que esperan decisiones de asilo y los indocumentados. Esto significa que diferentes tribunales federales pueden decidir ahora si aplican o bloquean la Orden Ejecutiva en sus jurisdicciones, creando potencialmente políticas de ciudadanía incoherentes en todos los estados mientras los recursos de inconstitucionalidad avanzan por el sistema. Sin embargo, el Tribunal hizo hincapié en que NO estaba decidiendo sobre la legalidad de la Orden Ejecutiva y dejó claro que ésta no entrará en vigor hasta dentro de 30 días.